Morenistas respaldan licencia de Rubén Rocha Moya ante crisis política
El gobernador de Sinaloa solicitó licencia a su cargo, decisión celebrada por liderazgos de Morena como un acto de congruencia política.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, formalizó este domingo su solicitud de licencia temporal para separarse de sus funciones al frente de la administración estatal. La decisión, presentada ante el Congreso local, responde a la necesidad de atender la situación de gobernabilidad en la entidad y ha sido respaldada por diversos sectores del movimiento de Regeneración Nacional, quienes consideran que esta medida busca salvaguardar la estabilidad de la administración pública y los programas federales en la región.
Ignacio Mier, referente dentro de la bancada morenista, señaló que con esta determinación el mandatario estatal busca honrar su trayectoria política y mantener el orden institucional en Sinaloa. Según fuentes cercanas al equipo del gobernador, la licencia tiene como objetivo principal permitir que las autoridades competentes realicen los procesos de revisión necesarios sin que la investidura del Poder Ejecutivo estatal interfiera en las diligencias actuales, garantizando así la transparencia en la gestión.
Desde el seno de Morena, diversos legisladores han expresado que la salida temporal es una maniobra necesaria para evitar que la crisis política local continúe afectando la percepción de la Cuarta Transformación en el estado. Argumentan que, ante el clima de tensión social vivido en los últimos meses, el mandatario priorizó la estabilidad del proyecto político nacional sobre la permanencia personal en la gubernatura, evitando que el conflicto se agudizara.
Por su parte, los grupos parlamentarios en el Congreso estatal han comenzado los trámites legislativos correspondientes para designar a quien ocupará la gubernatura interina. Se espera que en las próximas horas se defina el procedimiento formal para asegurar la continuidad de los servicios públicos, la seguridad y la atención a los ciudadanos, manteniendo la coordinación con las dependencias federales como la Secretaría de Gobernación.
La medida ha generado diversas reacciones en la esfera política, donde mientras algunos sectores de oposición exigen una mayor rendición de cuentas sobre las causas que motivaron esta separación, los aliados del gobernador sostienen que la decisión es un ejercicio de responsabilidad democrática. El proceso continuará bajo los cauces legales establecidos en la Constitución local, buscando cerrar un capítulo de incertidumbre que ha marcado la agenda pública en el noroeste del país.
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