Tzintzuntzan rechaza transferencias presupuestales directas a la comunidad de La Pacanda

La comunidad purépecha de La Pacanda mantiene una disputa legal y social con el ayuntamiento de Tzintzuntzan, Michoacán, tras la negativa de las autoridades municipales para entregar la parte proporcional del presupuesto que le corresponde a la isla. Esta situación surge a raíz de una determinación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que ordenó la entrega de recursos directos a la comunidad para su libre ejercicio, tal como lo establece el esquema de autogobierno indígena.

Representantes de La Pacanda han señalado que el ayuntamiento ha incumplido con los plazos establecidos por las autoridades electorales para formalizar la transferencia de los fondos públicos. Los comuneros sostienen que el presupuesto es fundamental para atender necesidades básicas de infraestructura y servicios públicos que, según denuncian, han sido desatendidos por la administración municipal actual durante los últimos meses.

Por su parte, las autoridades de Tzintzuntzan han manifestado dudas respecto a la operatividad técnica y administrativa de la transferencia. Argumentan que el municipio requiere de mayores certezas jurídicas sobre la gestión de los recursos para evitar posibles irregularidades en la cuenta pública, solicitando una revisión más profunda de los criterios establecidos por el tribunal electoral michoacano.

El conflicto ha generado movilizaciones y mesas de diálogo con la participación de la Secretaría de Gobierno del estado, que busca mediar para evitar una escalada en la tensión social. Mientras tanto, la comunidad de La Pacanda ha reiterado su exigencia de que se respete su derecho al autogobierno y al manejo directo de su presupuesto, basándose en los precedentes de otras localidades indígenas de la entidad que ya operan bajo este modelo.

El Tribunal Electoral local se mantiene a la espera de que el municipio presente un calendario de pagos o, en su defecto, las razones legales que impiden la ejecución de la sentencia. La resolución de este caso marcará un precedente importante para la relación entre los ayuntamientos y las comunidades que buscan consolidar su autonomía financiera y política en Michoacán.